Desde hace tiempo, mediante testimonio escrito desde el 2006 y anteriormente de forma oral en diversos foros, vengo insistiendo en la necesidad de contar decididamente con los Ayuntamientos para organizar mejor nuestra sociedad y los agentes que en ella intervienen, y cada día que pasa lo tengo más claro.

La existencia de los Ayuntamientos es imprescindible para hablar de un Estado como tal. Tanto es así que para considerar al Estado español no serían necesarias ni comarcas, ni regiones, ni Comunidades Autónomas. Con sus municipios administrados por los respectivos Ayuntamientos y las provincias por las Diputaciones sería suficiente; lo que ocurre es que de esta manera se facilita, como antaño ocurrió, una no deseable centralización del Estado que en la Transición se intentó corregir a través de la creación de las CC.AA. como Entes Públicos. La Autonomía, sobre el papel, posibilitaría el equilibrio necesario entre unidad (España) y diversidad (las diferentes poblaciones y culturas autóctonas).

El problema surge cuando el color político del Gobierno del Estado y el de las Comunidades Autónomas y/o Entidades Locales es diferente, la rivalidad en ese ámbito sobrepasa a menudo la acción gestora y el perjudicado es el de siempre: el ciudadano.

Siendo el Ayuntamiento la Administración más cercana al vecino, es sensato pensar que cualquier buena iniciativa que sea puesta en práctica por el propio Ayuntamiento o a través de él, será beneficiosa para el paisano de a pie, el empresario y en definitiva para el tejido social del municipio. Esto mismo debió pensar el Gobierno con la puesta en práctica del Fondo Estatal de Inversión Local, saltándose todos los filtros autonómicos o provinciales. Demostración palpable de una apuesta por la rapidez y la eficacia en tiempos difíciles, pero que deja patentes algunas carencias organizativas puesto que en no todos los ayuntamientos se tienen las mismas posibilidades, los mismos profesionales o los mismos medios.

La actual crisis impone un nuevo modelo económico. Es evidente que los conocidos hasta ahora, puestos en práctica mediante su correspondencia política, no valen. El comunismo cubano tiene que echar mano de un producto típicamente capitalista, el turismo de consumo, para subsistir. El capitalismo a ultranza de EE.UU. tiene que asumir medidas intervencionistas del propio Estado, que si no es por esos fondos públicos quizá se hubiera desmoronado. Los países de corte socialdemócrata y en general las democracias occidentales, que principalmente se limitan a recaudar impuestos y a redistribuirlos proporcionando unos servicios básicos gratuitos, han sentido en sus propias carnes la gran dependencia que tienen de la empresa privada como fuente generadora de un empleo imprescindible para el mantenimiento de su modelo de Estado del bienestar. Y esto puede llegar a ser peligroso (como ahora ocurre) cuando también se añade esa dependencia a los intereses de la banca y/o de las multinacionales y/o de los grupos económicos privados de cualquier sector; situación que no debería ser propia del siglo XXI.
Yo propugno el eclecticismo en el nuevo modelo que tendrá que surgir, finalmente, de toda esta situación: un Gobierno central que garantice con su propia gestión y recursos públicos, como mínimo, cinco activos sociales: trabajo seguro para quien lo demande, una vivienda pública asegurada para cada ciudadano, ayuda financiera pública para iniciativas empresariales personales, además de lo ya asentado en la actualidad como son sanidad y educación gratuitas, y todo esto combinado con la coexistencia de la misma oferta, pero en el plano privado (tengo propuestas que ahora no expongo por razones de espacio).

El impulso de esa acción motora del Gobierno se pondría en práctica a través de los Ayuntamientos, mediante la figura de un delegado para ello, aprovechando la propia morfología de red que tiene el Estado pero que no utiliza como tal; me voy a explicar mediante el ejemplo de dos organizaciones con distintos fines pero que utilizan su infraestructura de la misma forma: las confesiones religiosas tienen sus púlpitos en las iglesias, sinagogas, mezquitas, etc. Los bancos tienen sus oficinas. En ambos casos las instrucciones de sus respectivos gobiernos son trasladadas y ejecutadas eficazmente. Los Ayuntamientos son los apéndices de la arquitectura estatal pero el Gobierno de turno de la nación no suele tener en ellos a personal de su confianza que haga de portavoz directo ante el Alcalde para ejecutar y fiscalizar la puesta en práctica no sólo de planes motores similares al del Fondo Local, también y más importante aún: de los activos sociales que antes propuse. Las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno podrían encargarse de la tarea: nuevos puestos de trabajo y una buena de dotación de medios para una gestión cualificada y transparente; las web o portales AT.0 (administración pública transparente), que propugno reiteradamente, serían una buena solución de control.

El nuevo modelo económico que se geste tiene que suponer una auténtica novedad y no simples parches o maquillaje sobre lo que hay que, como antes he comentado, ya hemos comprobado que a la larga no funciona. Lo dicho, la solución está en los Ayuntamientos.

Antonio J. Nevado
Técnico TIC Ayuntamiento de Soto de la Vega.
27.07.2009